Uno de los condenados en Argentina en relación a la dictadura, reside en Valdemoro y es dueño del Centro Hípico Valdemoro

Jesús Muñecas Aguilar, dueño del Centro Hípico Valdemoro, y condenado por el golpe de Estado del 23-F ha sido imputado por una jueza argentina por torturas a disidentes antifranquistas y está pendiente de que el juez Pablo Ruz pueda decretar su detención. La orden internacional de Interpol ya es efectiva fuera de España.

Jesús Muñecas, ahora de 74 años, ingresó en la Guardia Civil en 1961 y siete años más tarde fue enviado a la comandancia de Zarautz, en Guipuzcoa, donde ya se vio involucrado en diversas denuncias por malos tratos. Posteriormente llegó a estar al frente de la comandancia de la Guardia Civil de Tolosa hasta 1976 cuando fue relevado del cargo tras las torturas sufridas por la sindicalista Amparo Arangoa, trabajadora de la Papelera Sarrió de Leiza (Navarra). En estos años entabló amistad con Antonio Tejero Molina, cabecilla del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, y por aquel entonces jefe de la comandancia de San Sebastian de la que dependía Tolosa.

Ya en Madrid fue el principal potenciador de un Servicio de Información dentro de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y cuando se produjo el golpe de estado del 23-F era Capitán en el I Escuadrón de la Comandancia Móvil de Valdemoro jugando un papel relevante en la intentona antidemocrática. Por ello fue condenado a 5 años de prisión causando baja en la Guardia Civil el 25 de mayo de 1983.

Salió en libertad en 1984, tras haber cumplido tres cuartas partes de su condena, y se dedicó a dar clases de equitación en el Hipódromo de la Zarzuela, para después abrir una escuela de equitación, el Centro Hípico de Valdemoro en el que en 1994 celebró un homenaje al golpista Antonio Tejero, al que asistieron los guardias que les acompañaron en el asalto del Congreso de los Diputados, así como importantes figuras de la ultraderecha.

Ahora la juez argentina María Servini, ha cursado una orden internacional de búsqueda y captura contra cuatro presuntos torturadores españoles, entre ellos el propio Jesús Muñecas, que durante los últimos años del franquismo y la Transición fueron acusados de maltratar a numerosas personas contrarias del antiguo régimen, en algunos casos hasta la muerte. La resolución judicial considera probada su participación en los hechos y se dirige a las autoridades españolas y a la Interpol para que procedan a su detención inmediata para extraditarlos a Argentina o para juzgarlos en España. La juez argumenta en su auto de más de 200 páginas que es un agravio a la humanidad la impunidad de la que gozan todos los responsables de las muertes y torturas del franquismo y que es la obligación de cualquier Estado de Derecho luchar contra los crímenes contra la humanidad, aunque se hayan producido en cualquier otro punto del planeta.

De los cuatro imputados, sólo permanecen vivos Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”, y Jesús Muñecas, que se enfrentan a penas de entre 8 y 25 años de carcel, y podrían ser detenidos en cualquier momento si cruzan las fronteras españolas, mientras, en España, el Juez Pablo Ruz está a la espera de recibir la documentación de extradición cumplimentada para citarles a declarar.

El Gobierno no colabora.

Sin embargo la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha expresado su oposición a que sean detenidos, alegando que los hechos están prescritos y los sucesos que se les atribuye a los dos imputados vivos están archivados por la Ley de Amnistía de 1977.

Por su parte la ONU ha pedido a España que ratrifique la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y es previsible que en 2014 haga público un informe en el que se pedirá la derogación de la Ley de Amnistía para abrir con urgencia una investigación sobre las desapariciones y los crímenes cometidos durante el franquismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha manifestado que estudiará esa petición “con absoluto cuidado y atención”.

La última esperanza de las víctimas.

Fue en abril de 2010 cuando Darío Rivas, hijo del alcalde republicano de Castro Rei fusilado en 1936, e Inés García Holgado, familiar de desaparecidos, interpusieran una querella contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y el franquismo en un juzgado de Buenos Aires, acompañados por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y colectivos argentinos pro derechos humanos. Para ellos, era en aquel momento ya evidente que en España cualquier iniciativa judicial sería torpedeada.

El próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador, las victimas, prestarán declaración por videoconferencia o en Argentina acompañados por un grupo de parlamentarios y alcaldes españoles. Muchas de ellas, por su avanzada edad, son cautas a la hora de ver en la justicia la reparación de sus derechos. Otros como Raúl Herrero, expreso político en 1970 que pasó siete meses en el Hospital penitenciario de Yeserías tras una paliza recibida en la Dirección General de Seguridad, manifiesta con esperanza que “en Argentina están haciendo lo que aquí no han sido capaces de hacer”.

http://cronicavaldemoro.es/reportajes/item/109-buscado-por-torturas-el-dueno-del-centro-hipico-de-valdemoro

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