Juicio a los okupantes del PSOA Malaya

Inmueble adquirido por testaferros de Juan Antonio Roca, ex concejal de urbanismo de Marbella

A las 12.00 horas del próximo día 6 de febrero se celebra la vista oral en el Juzgado de lo Penal nº 11 de Madrid contra 13 personas acusadas de okupar el palacio sito en calle Atocha nº 49 en el año 2008. La pena solicitada es de 18.000€ para cada uno de los acusados y tres meses de prisión en caso de impago. Dicho inmueble es del siglo XIX y tiene cerca de mil metros cuadrados, y forma parte del “Conjunto Histórico de la Villa de Madrid”.

En marzo de 2008 cientos de personas crearon en dicho inmueble el Centro Social Autogestionado llamado MALAYA, en el que se realizaron decenas de talleres abiertos a la ciudadanía hasta que el mismo fue desalojado en diciembre de 2008. El inmueble llevaba muchos años en situación de abandono.

El inmueble fue adquirido en marzo de 2004 por una sociedad mercantil llamada ATOCHA 49, S.L., constituida con la única finalidad de adquirir el inmueble. La Administradora de dicha empresa era PILAR ROMÁN MARTÍN, y JAVIER PEREZ VIILENA, actuando ambos como testaferros de JUAN ANTONIO ROCA, ex concejal de urbanismo de Marbella, siendo Pilar Román hija de PEDRO ROMÁN, teniente de alcalde del G.I.L. en la misma época, y Javier Pérez hijo del empresario ISMAEL PEREZ PEÑA, todos ellos procesados y juzgados en la llamada OPERACIÓN SAQUEO por la Audiencia Provincial de Málaga por delitos de cohecho y malversaciones de bienes, y con peticiones de años de prisión. El Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella ordenó en 2007 anotar en el Registro de la Propiedad la “prohibición de disponer” al haber sido adquirido el inmueble presumiblemente con el producto de las actividades delictivas de los encausados, saqueando el dinero del Ayuntamiento de Marbella. En enero de este año el Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo del inmueble contra ATOCHA 49, S.L. por una deuda de casi 42 millones de euros.

Los testaferros de Roca nunca hicieron las obras de rehabilitación que fueron ordenadas por el Ayuntamiento y solo pudieron llevarse a cabo mientras el inmueble estaba abierto como Centro Social.

Es una auténtica paradoja, y un fiel reflejo del injusto sistema socio-económico en el que nos encontramos, que se deban sentar en banquillo aquellas personas que han dado vida o apoyado un inmueble que se encontraba, y se encuentra, en el centro de Madrid, en situación de abandono y adquirido por políticos corruptos y testaferros con el dinero que pertenece a la ciudadanía.

http://www.lahaine.org/index.php?p=66956

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